La cruda realidad en cifras: 940 docentes fueron separados preventivamente en casos de violencia sexual e indemnidad sexual a nivel nacional
Un hombre con una cámara al hombro se interna en la espesura de la selva peruana. Sus pasos crujen sobre la hojarasca húmeda, mientras la brisa le trae murmullos de niños repitiendo palabras en una lengua que el tiempo intenta borrar. Avanza entre ríos caudalosos y senderos invisibles hasta llegar a una escuela de madera desgastada, donde el techo deja filtrar la lluvia y las pizarras son apenas tablones oscuros por el hollín de los años.
Levanta la cámara. En el visor enmarca a un maestro que, con voz entrecortada, traduce ideas de un libro ajeno a la cosmovisión de sus alumnos. En otro ángulo, una niña sostiene un cuaderno donde las palabras en su lengua materna se mezclan con un idioma que le es impuesto, el español. A un lado, niños descalzos escriben sobre sus rodillas, mientras una madre observa desde la puerta, temerosa de un futuro que no entiende pero que sabe incierto.
Presiona el obturador. El clic inmortaliza el abandono, la lucha de una educación que quiere florecer en un terreno árido de oportunidades. Esa fotografía no es solo una imagen: es una denuncia silenciosa, un grito contenido de una crisis que sigue sin respuesta en lo más profundo de la selva.
En un país donde la indignación tiene fecha de caducidad y la memoria es tan frágil como las promesas de campaña, el Ministerio de Educación, mediante INFORME N.° 00064-2025-MINEDU/SG-OTEPA, el 14 de febrero de 2025 respondió a una solicitud que el congresista Guido Bellido realizó el 21 de enero de 2025. La radiografía es escalofriante, pero las causas son más complejas de lo que parecen.
El congresista Bellido -sí, el mismo que suele protagonizar sus propios escándalos- esta vez hizo algo útil: exigió los números que no dejar bien a la imagen del magiterio nacional. Y vaya que son números que duelen: 940 docentes separados preventivamente en apenas dos años (2023-2024) por casos que manchan la dignidad de nuestros estudiantes.
La progresión es obscena: de 376 casos en 2023 saltamos a 564 en 2024. ¿Más denuncias o más coraje para denunciar? La pregunta flota en el aire como el polvo de las tizas que ya no se usan.
LA CONFESIÓN QUE LO CAMBIÓ TODO
La verdad, sin embargo, es aún más perturbadora. El 16 de enero, en el Congreso de la República, el Dr. Pastor Izquierdo, Director de la Dirección Regional de Educación de Amazonas (DREA), lanzó una bomba sobre la verdad de las contrataciones en las aulas de la Amazonía, caso Condorcanqui e Imaza:
"Del 95% de casos presentados [los de violencia sexual contra estudiantes en Condorcanqui] corresponde a gente contratada que no son profesores que solamente están porque manejan la lengua originaria".
La Educación Intercultural Bilingüe (EIB), concebida para garantizar una enseñanza pertinente a las comunidades indígenas, atraviesa una crisis profunda. En la provincia de Condorcanqui y el Distrito de Imaza (Amazonas), donde predominan los pueblos Awajún y Wampís, la educación enfrenta desafíos que van desde la falta de infraestructura y materiales en lengua originaria para el nivel secundaria hasta la asignación de docentes sin formación en enfoques interculturales.
La pregunta ya no es solo cuántos más quedan por descubrir, sino cómo evitamos que esto siga sucediendo. ¿Cuándo empezaremos a formar verdaderos maestros en las zonas que más los necesitan? ¿Cuándo dejaremos de llenar las aulas con improvisados por falta de profesionales calificados?
EL CASO CONDORCANQUI: UN ESPEJO DE LA CRISIS
La confesión del Dr. Pastor Izquierdo revela una crisis aún más profunda: la alarmante escasez de docentes en la Amazonía peruana. En la provincia de Condorcanqui, la situación es crítica. El IESP Privado "San Marcelo" de Lima Metropolitana, que intentó cubrir esta necesidad mediante sedes improvisadas en Nieva y El Cenepa, terminó incurriendo en presuntas irregularidades.
Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución "no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación". Además, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N.º 30512, prestar servicios en una sede no autorizada constituye una infracción muy grave, lo que podría acarrear sanciones administrativas y legales.
Por otro lado, el Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, emitido el 12 de noviembre de 2024, y dirigido a Romer Orrego Ikam, actual Subprefecto Provincial de Condorcanqui, responde a su solicitud de registro de los estudiantes de la sede El Cenepa, Condorcanqui - Amazonas. En dicho documento, el MINEDU establece de manera categórica que:
"El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia" (MINEDU, 2024).
Como consecuencia de esta situación, los ciudadanos que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, conforme a la normativa vigente, "el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones".
Los denunciantes de la provincia de Condorcanqui, quienes fueron captados y recibieron clases en las sedes de Nieva y El Cenepa sin la debida autorización del Ministerio de Educación (MINEDU), han vinculado estos hechos con el ciudadano Romer Orrego Ikam. Según declaraciones de exestudiantes en una denuncia difundida por Radio AW de la provincia de Condorcanqui, Orrego Ikam habría intervenido en favor de la mencionada institución.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre la legalidad del funcionamiento de dichas sedes y la presunta participación de terceros en su operatividad. De confirmarse tales afirmaciones, podrían configurarse responsabilidades administrativas o incluso penales, lo que requeriría la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar eventuales sanciones.
PARCHES EN UNA HERIDA PROFUNDA
Las soluciones improvisadas empiezan a surgir como parches en una herida que requiere cirugía mayor. La DREA habría firmado un convenio con la Escuela Superior Pedagógica "César Vallejo Mendoza" para contratar a 80 alumnos de noveno y décimo ciclo con formación en educación intercultural bilingüe. Según manifestó el director de la DREA "Pero solamente son 80, nos seguirían faltando más de 500", admite Izquierdo con una franqueza que duele.
La Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua aparece como una última esperanza, con posibles intenciones y planes para desarrollar un programa de profesionalización docente. Pero mientras las conversaciones continúan, las aulas siguen llenándose con personal no calificado que solo tiene a su favor el manejo de lenguas originarias como el Awajún y Wampis.
LA VERDADERA CRISIS
Esta es la verdadera crisis: no solo necesitamos formar docentes; necesitamos formar docentes bilingües. No solo necesitamos profesionales; necesitamos profesionales que entiendan y respeten las culturas originarias. Y mientras esta necesidad no se atienda, seguiremos exponiendo a nuestros estudiantes a riesgos que ninguna estadística puede justificar.
El informe de Salazar Salazar debería ser más que un registro de casos; debería ser un grito de guerra para reformar la formación docente en el Perú -especialmente en la Educación Intercultural Bilingüe-. A pesar de ser una tarea monumental, es posible:
- Profesionalizar a quienes ya están en las aulas
- Enseñar lenguas originarias a los docentes hispanohablantes
- Crear una nueva generación de maestros verdaderamente preparados para la diversidad de nuestro país
El Perú -ese país que presume de su diversidad cultural mientras abandona a sus pueblos originarios- tiene una deuda pendiente que va más allá de los números. Es hora de que el terror en las aulas deje de ser un secreto a voces; es hora de que los números dejen de ser cifras y se conviertan en acción.
Porque mientras escribimos sobre esto, en algún lugar de la Amazonía, un estudiante estará en manos de alguien que nunca debió estar frente a un aula. Y esta realidad, estimados lectores, nos interpela a todos: a las autoridades que no gestionan la existencia de formación inicial docente en la zona; a los padres de familia que no exigen docentes titulados o con estudios en educación para sus hijos; y a la sociedad que solo observa silente, como siempre.
Mientras tanto, las aulas peruanas siguen siendo, para muchos estudiantes, zonas de peligro demarcadas con tiza invisible.
*Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la postura o posición de la empresa.
*Esta publicación es en ejercicio de el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, de acuerdo con la protección que otorga el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”) – y, en la Constitución Peruana, establecido en los artículos 2.4 y 2.5 –, contempla tanto el derecho de las personas a expresar su propio pensamiento, como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este derecho reviste una crucial importancia para el desarrollo personal de cada individuo, para el ejercicio de su autonomía y de otros derechos fundamentales.
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