Hay llaves que abren puertas y hay llaves que las cierran para siempre. Esta es la historia de una cerradura que cambió de manos.
En las sombras de los pasillos de las UGEL del país, luego de la publicación de la Ley 32242, se murmura entre los trabajadores que han visto a un anciano de rostro agrietado como la tierra seca de la sierra paseando entre los pasillos. Se desliza como un fantasma por los corredores, con una llave herrumbrosa colgando entre sus dedos huesudos. No es un hombre, es el alma misma del sistema: antiguo, implacable, rencoroso. Sus ojos, dos pozos vacíos, han visto pasar gobiernos y promesas, aplausos y desprecios. Ahora, con esa llave forjada en la fragua del desprecio, cierra celda tras celda donde se amontonan maestros: los culpables junto a los inocentes, los corruptos junto a los íntegros.
Es Cronos devorando a quienes alguna vez protegió, tragándose a los hijos que osaron alzar la voz, que tuvieron la osadía de creer que de sus filas podía surgir un presidente.
Los encierra uno a uno, mientras sus labios resecos murmuran: "Pecan de soberbia, quieren ser más de lo que son, y por eso ahora pagan". La venganza burocrática se sirve fría, en expedientes y resoluciones sin derecho a contradicción, mientras el viejo carcelero —metáfora de un Estado que nunca perdona— continúa su ronda interminable por los calabozos de la dignidad perdida.
"Ya no somos maestros", murmura el ente, mientras la llave tiembla entre sus dedos. "Somos presas que esperan su turno para ser devoradas por el miedo que nosotros mismos ayudamos a crear cuando enseñábamos a obedecer sin cuestionar".
Hoy, esa llave es el símbolo de un pasado que se desmorona. El Estado la ha replicado, pero no para abrir puertas de conocimiento, sino para cerrar celdas de castigo, donde se hacinan justos y pecadores, señalados por el dedo implacable de una sociedad que perdió el respeto por quienes la educaron.
La alquimia del castigo
La venganza es un metal que se forja en el calor de la frustración y se enfría en la indiferencia. En este caso, el herrero que moldeó la llave contra el magisterio encontró la excusa perfecta en los crímenes de falsos docentes, esos impostores que usaron las aulas como cotos de caza para sus actos atroces. En lugar de separar la paja del trigo, se decidió fundir todo en el mismo crisol, endureciendo sanciones indiscriminadas y creando un castigo que no distingue entre el culpable y el inocente.
Así nació esta ley draconiana. No para proteger a la infancia —que sigue desprotegida en tantos otros frentes— sino para castigar a un gremio que cometió el pecado capital de la política peruana: convertirse en fuerza electoral.
Durante la pandemia, los docentes fuimos los héroes inesperados. Nos reinventamos de la noche a la mañana, sostuvimos la educación con esfuerzo propio. Fuimos aplaudidos, reconocidos, llamados esenciales.
Pero la memoria política peruana tiene la profundidad de un charco de lluvia. En pocos meses pasamos de ser héroes a parias, perseguidos como en los juicios de Salem, donde la mera acusación bastaba para ser quemado en la hoguera. Las nuevas sanciones nos colocan en un estado de indefensión medieval: basta una denuncia, sin derecho a réplica ni proceso justo, para quedar destituidos. Ya no somos educadores, somos sospechosos permanentes en un país donde la presunción de inocencia es un lujo que no todos pueden permitirse y menos si eres docente.
Anteriormente la llave la teníamos los maestros cuando, en pandemia, comprábamos datos móviles de nuestros precarios sueldos, y sostuvimos la ficción de que en el Perú existía un sistema educativo.
Nos aplaudieron de pie en ese entonces. Incluso nos llamaron héroes. Nosotros, pobres ingenuos, creímos que la gratitud duraría más que el virus. Pero las llaves cambian de mano, y esta vez pasó del reconocimiento a la venganza. Lo que debió ser una reforma quirúrgica para extirpar a los criminales enquistados en el sistema se convirtió en una amputación general.
Cuando la llave pasó a manos del Estado, comenzamos a mirar, horrorizados, lo que ocurría en las profundidades de la provincia de Condorcanqui e Imaza (Amazonas), esa tierra olvidada donde el Perú profundo se vuelve abismo. Durante más de una década, ciudadanos que fingían ser docentes, convertidos en depredadores, violaban a niñas y niños que les fueron confiados para ser educados.
El Perú, ese país amnésico por conveniencia, despertó de su modorra burocrática para voltear a mirar una verdad escalofriante: en ciertos rincones, la educación se había convertido en una cacería; la infancia, en mercancía; y los criminales, en falsos vocacionados. Pero ese gigante siempre estuvo ahí; simplemente, no era políticamente correcto hacer algo al respecto. El temor al "Baguazo" —ese antecedente nefasto que recordaba al Estado que intervenir en esa zona no era oportuno— paralizó toda acción. Se temían consecuencias duras o, peor aún, contrarias al voto del candidato de turno.
Por ello, durante seis gobiernos consecutivos y sus respectivos ministros, incluida la hoy congresista y exministra, no se tomaron medidas efectivas para cambiar esta realidad. Una posible excepción podría ser el ministro Morgan Quero, quien, al enfrentarse a una situación crítica, se vio obligado a intervenir y atender el problema. Sin embargo, como suele decirse, después de la guerra, todos somos generales.
No tardaron en surgir diversas propuestas para abordar el caso de Condorcanqui, incluso por parte de la señorita Pioc, quien en 2019 encabezó la toma de la sede de la UGEL Condorcanqui para exigir que la dirección recayera en un docente Awajún. Posteriormente, en 2022, ya en su rol de subprefecta, estuvo presuntamente vinculada a una nueva toma de la UGEL, esta vez en oposición a la designación de una mujer Awajún como directora. En aquellos años, no se registraron manifestaciones de su parte respecto a la situación de los niños Awajún y Wampis.
Sin embargo, su participación y presión influyeron en la toma de decisiones legislativas que derivaron en una ley que ha sido cuestionada por vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la contradicción administrativa y la presunción de inocencia dentro del magisterio nacional.
Paradójicamente, a ella se le presumió inocente y fue adsuelta de responsabilidad administrativa en 2024 con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, en un proceso administrativo en el Ministerio del Interior como subprefecta en Condorcanqui (Amazonas) del año 2022, cuando decidió negarme garantías personales con el pretexto de que mi expediente "no encontrado dichos documentos".
Pese a la pérdida del expediente, la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior no realizó esfuerzos para reconstruirlo.
Esto, en cumplimiento del artículo 162.4 del artículo 162 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, prescribe que si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil. Como sí lo hizo en 2018, cuando decidió reconstruir un expediente extraviado mediante la Resolución Secretaría General N° 170-2018-IN/SG.
En ningún momento se me solicitó una copia del documento extraviado, que aún conservo en formato físico y digital, como testimonio de un sistema que funciona para absolver pero no para reparar o atender a los ciudadanos.
Creo que los asesores del Ministro del Interior no le informaron que la persona a quien negaban las garantías personales es una víctima de terrorismo y que en julio del 2022, luego de la quema del local institucional de la UGEL Condorcanqui, tuve que renunciar a mi trabajo debido a las constantes amenazas. Mi padre, un policía de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, murió en acción de servicio un 4 de febrero de 1993, cuando enfrentó junto a sus compañeros, entre ellos el CAP. PNP Roberto Morales Rojas y falleció a consecuencia de una acción cobarde de los terroristas de Sendero Luminoso. Murió junto a 16 policías, y hoy ambos son considerados como un "Defensores de la democracia" y existe una placa en el Museo de la Memoria junto a los 'Mártires de Huarmaca'. Esto podría ser considerado una revictimización de las víctimas del terrorismo, cuando sentimos que el Estado nos da la espalda al no garantizar nuestros derechos.
Con el tiempo, los hechos fueron esclareciéndose: el exdirector de la UGEL Condorcanqui fue destituido por un asunto delicado relacionado con una trabajadora de la entidad, y quien me negó las garantías fue sancionada luego de abandonar sus labores como docente en diciembre de 2023. Sin embargo, los medios la presentan como una "luchadora social". Esta construcción mediática recuerda lo planteado por Chomsky sobre la manipulación de masas:
"La estrategia de la distracción consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes" (Chomsky, 2002).
En este contexto, la distracción no solo afecta la forma en que se presentan las noticias, sino también cómo se define quién es el “héroe” o el “villano” en el relato mediático. Chomsky advertiría que esta manipulación no es accidental, sino funcional a los intereses de quienes controlan la información. En este caso en particular, la presentación de ciertos actores como “luchadores sociales” sin examinar su pasado o sus acciones contradictorias, estarían aplicando esta estrategia de distracción. Se resaltan ciertos aspectos de su trayectoria mientras se omiten o minimizan sus decisiones cuestionables.
El magisterio ilusionista
El magisterio, con toda su diversidad y luchas históricas, se convirtió en el gran ilusionista de la política peruana. De un sombrero desgastado por la precariedad y la postergación, sacó el voto duro y solidario que le dio vida a la llamada "bancada magisterial" y llevó a un maestro rural a la presidencia.
Fue un acto de esperanza o inocencia política, un truco basado en la ilusión de que, por fin, alguien que conocía la realidad de las aulas podría cambiar las reglas del juego.
Pero la magia duró lo que dura un ministro de Educación en este país: nada. Lo que parecía un acto de reivindicación se transformó en un espectáculo caótico donde el presidente-maestro, resultó ser tan ineficaz como sus predecesores, pero con el agravante de haber traicionado a los suyos con un mensaje a la nación sin el mayor de los sentidos.
La forja del encierro
La llave que endureció las sanciones contra los docentes no fue forjada en un taller de justicia ni en un yunque de mejora educativa. Fue moldeada con materiales más oscuros: el odio, la revancha y el oportunismo político.
El odio, porque en el imaginario de ciertos sectores políticos, el magisterio es visto como un adversario, una fuerza incómoda que cuestiona y se moviliza. No son aliados del poder, sino una piedra en el zapato de quienes prefieren una educación dócil y acrítica.
La revancha, porque muchos de los que hoy legislan crecieron en un contexto donde el magisterio luchó y resistió. Se nos castiga no solo por errores individuales, sino por el peso de su historia: huelgas, protestas, demandas legítimas. No nos ven como educadores, sino como opositores a quienes hay que someter.
El verdadero problema nunca fue la falta de castigo para los criminales infiltrados en la educación, sino la incapacidad del Estado para filtrar, supervisar y garantizar procesos justos. En su afán de mostrar "mano dura", eligieron la vía más fácil: castigar a todos por igual, sin importar si hay pruebas o no.
Esta es la paradoja peruana: un Estado ausente cuando debe prevenir, pero implacable cuando debe castigar. Un sistema que no tiene los recursos para capacitar adecuadamente a sus maestros, para supervisarlos, para acompañarlos, pero que encuentra dinero y voluntad política para perseguirlos.
El péndulo de la historia
Así, el magisterio pasó de ser una voz respetada a un colectivo en la mira, siempre sospechoso, siempre en riesgo. Pero las llaves pueden cambiar de manos. La historia nos ha enseñado que quienes hoy forjan el encierro, mañana pueden encontrarse atrapados en su propia herrería.
En un país donde la memoria es frágil y la justicia selectiva, esta ley no protegerá a ningún niño ni mejorará la calidad educativa. Solo servirá para lo que fue diseñada: silenciar voces, controlar conciencias y castigar el atrevimiento de haber creído, por un breve momento, que la educación podía ser liberadora.
La llave que cierra todas las puertas
La Ley 32242, que modifica el artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.º 29944), se ha convertido en una llave maestra que cierra, de un solo giro, la puerta de la presunción de inocencia para el sector docente.
Esta modificación legislativa, forjada en la fragua de casos conmocionantes como el de Condorcanqui, establece la destitución automática de aquellos trabajadores del sector educativo público —docentes, auxiliares, directores o personal administrativo— condenados por delitos graves, incluso en primera instancia. La sentencia se convierte así en guillotina administrativa, sin esperar el tránsito a la cosa juzgada.
Los hechos de Condorcanqui y otros casos similares donde docentes traicionaron su misión educadora para convertirse en predadores de sus estudiantes, merecen sin duda la respuesta más contundente del sistema penal. Pero la pregunta que debemos formularnos como sociedad jurídicamente organizada es: ¿justifica esto la construcción de un régimen de excepción que vulnera principios constitucionales fundamentales?
El artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú consagra que "toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad". Este principio no es una mera formalidad jurídica, sino la piedra angular de un Estado constitucional de derecho.
La destitución automática tras una condena en primera instancia —que por definición no es firme y puede ser revocada en instancias superiores— implica asumir como definitiva una decisión judicial que el propio sistema reconoce como provisional. Se produce así una anticipación de la sanción administrativa basada en una presunción de culpabilidad, invirtiendo la lógica constitucional.
Mientras tanto, en algún rincón de Condorcanqui e Imaza (Amazonas) o en algún otro lugar del país, una escuela sigue esperando recursos que no llegan, niños sueñan con un futuro que el Estado no garantiza, y maestros enseñan con el miedo de quien sabe que una acusación, verdadera o falsa, bastará para destruir su vida.
Así es el Perú: un país donde se escribe con la mano lo que se borra con el codo. Un país donde los héroes de ayer son los parias de hoy, y donde la única constante es la inconstancia de una memoria colectiva que prefiere castigar antes que prevenir, y olvidar antes que aprender.
*Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la postura o posición de la empresa.
*Esta publicación es en ejercicio de el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, de acuerdo con la protección que otorga el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”) – y, en la Constitución Peruana, establecido en los artículos 2.4 y 2.5 –, contempla tanto el derecho de las personas a expresar su propio pensamiento, como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este derecho reviste una crucial importancia para el desarrollo personal de cada individuo, para el ejercicio de su autonomía y de otros derechos fundamentales.
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